tierra y libertad (de mercado)
tierra y libertad (de
mercado)
diciembre
de 2011
Ciertos
discursos dominantes en esta banda del río han presentado a Mujica como un
viejito bueno, antes verdaderamente combativo y ahora sabio y reflexivo; en
contraste con la guaranguería populista K, de impostado progresismo. Pero ahora
pretende aumentar el ínfimo impuesto inmobiliario en Uruguay, poniendo límites
módicos a la voracidad del capitalismo agrario globalizado y a la demanda de
tierras para hacer aquí lo que no se permite en Europa. Pasará a ser un viejo
chocho que, en progresivo ataque senil, vuelve a sus peores impulsos juveniles.
En diez años el valor de una hectárea
de buena tierra pampeana pasó de 4.000 a 15.000 dólares. Hay quien afirma que
debido exclusivamente al aumento del precio internacional de las materias
primas. Espíritus simples dicen que el mercado asigna correcta y eficientemente
los recursos, aunque algunos suspicaces recuerden experiencias de agotamiento
por sobrexplotación; o debacles sociales debidas a la sustitución, por parte de
la economía globalizada, de commodities cuya producción para exportar fuese
predominante en alguna región. Como Manaos y su monopolio del caucho, o La
Forestal de nuestro norte santafesino.
Viajeros que afirman haber llegado
hasta Estados Unidos y el Canadá dicen que allí “las tasas impositivas son de 3 al 4% sobre valores de
propiedad relativamente bien tasados, y el porcentaje de recaudación para el
impuesto a la propiedad está por encima del 90% en todos los estados de los
EEUU. En América Latina el impuesto inmobiliario raramente grava a las
propiedades por encima del 1% de su valor fiscal, que además se encuentra
marcadamente por abajo de su valor de mercado”.
Las retenciones, entre otras cosas,
operan como inhibidor, precario, parcial e insuficiente, de la apreciación de
la propiedad inmueble. Suba presionada por ser el último eslabón de la cadena
que la requiere para producir el commodity estrella, y también por ser refugio
fácil y simple de una porción de renta agraria del productor o rentista.
El gobierno argentino viene abordando
el marco regulatorio sobre la tierra. Se promulgó la Ley de Catastro; se
estableció una moratoria a los desalojos de comunidades indígenas, y se avanzó
en el proyecto de ley que haga operativo el derecho constitucional de
restitución de tierras comunitarias; se envió un proyecto para poner límites a
la propiedad extranjera; se constituyó el Consejo Federal de Ordenamiento
Territorial, y se avanzó en la elaboración del proyecto de ley. Se avanzó,
poco, en las leyes provinciales para aplicación de agroquímicos. Falta, pero es
un debate tan imprescindible como inevitable.
La tierra no es un commodity. Es un
bien para vivir, producir y a veces disfrutar. Del que hacemos uso, pero sin
ser dueños con derecho a destruirlo. Debemos dejarlo igual o mejor que como lo
encontramos.
Un abordaje al problema distinto
de la suba de impuestos a la tierra, aunque no excluyente, sería el de
restringir usos e imponer responsabilidades al titular del dominio. Disfrutar
del derecho a la propiedad inmueble conlleva deberes para conservarla.
A modo de ejemplo, y para
contribuir a la reflexión, cuatro sugerencias.
1. Presentar obligatoriamente, cada
propietario rural, plano de relevamiento de sus parcelas, con delimitación de
zonas, potreros y mejoras, e indicación de usos, así como también un plan de
manejo sustentable a largo plazo y un informe anual del avance, cumplimiento o
desvíos, con justificación del desempeño. Elaborado por profesionales
matriculados, como agrimensores, topógrafos, agrónomos y veterinarios, esto
sería una enorme contribución al catastro, generaría trabajo para nuestros
profesionales, supondría una transferencia de conocimiento aplicado y
redundaría en una mejora en la gestión, conservación y productividad de cada
establecimiento rural.
2. Establecer, para cada parcela, la
carga de mantener e incrementar superficies protegidas. Algo mínimo. Por
ejemplo, 10 o 15% de incremento en la superficie de bosque nativo o ecosistema
natural u original. Esto, además de proteger biodiversidad y paisaje, retendría
agua (en las zonas de exceso hídrico, claro) y generaría una mano de obra rural
distinta y agregada.
3. Imponer exigencias de superficies
mínimas de bosque cultivado. Esto significaría un mayor “encaje” al capital.
También supondría un alivio a la presión sobre los montes, y una riqueza
acumulada para el futuro. Una variante sería que una parte de ese bosque
cultivado fuese de maderas duras, para salir de la exclusividad del álamo, el
eucalipto y el pino. El propietario haría un negocio en otro commodity de
segura demanda y de segura apreciación. Sólo que la renta extractiva de esa
fracción de su campo no sería anual. Aquí también habría diversificación del
tipo de mano de obra. Otra variante podría ser que esas superficies pudiesen
establecerse en otra parcela, a través de mecanismos de canje y compensación.
4. Restringir la agricultura extensiva
y su consiguiente aplicación de agroquímicos en zonas contiguas a cursos de
agua, bosque nativo y asentamientos poblacionales.
Esas restricciones y obligaciones
implicarían una mejor distribución rural de la renta extractiva basada en la
producción de commodities. No podrían ser tachadas de confiscatorias y harían
lugar a diversificación productiva. La agricultura orgánica, la horticultura
periurbana, prácticas foresto-ganaderas, y la apicultura, por ejemplo, podrían
recuperar terreno. Seguramente implicarían modificaciones al valor de la
tierra, pero no por destrucción o deterioro de factores productivos, sino por
desalentar burbujas especulativas y colocaciones financieras que no producen
nuevos bienes sino que encarecen los existentes.
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